Chavista o Madurista = Ladrón
Vierne5:
Editorial.
¡Hasta cuando la corrupción!
La historia de Venezuela de los últimos 180 años ha estado caracterizada por la presencia incesante e intensa de uno de los mayores males que puede sufrir sociedad alguna: la corrupción en la administración pública.
Pero es ahora, desde cuando se instaló el chiripero del finado y creo que despreciable para muchos venezolanos, doctor Rafael Caldera, y digo despreciable porque sé que muchos, como yo, opinan igual, que fue él, el causante de esta desgracia que vivimos hoy, al sacar a Chávez de la cárcel. Desde ese momento y del año 1996 en adelante, se comenzó a agigantar la corrupción en la administración pública, en el Tribunal Supremo de Justicia, en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional y policías en general. Es triste decirlo, pero desde que el chiripero se instaló en Venezuela, este cáncer ha llegado a los niveles de mayor crudeza, a tal punto que hoy con bastante propiedad digo: el que es chavista/madurista es igual a un ladrón, por complicidad u omisión.
Los chavistas/maduristas han dañado la moral, hicieron desaparecer la ética, violentaron las instituciones y sus normas, haciéndole un mal irreparable al país. Y no es el caso de ver las cosas con simplismo; no podemos despachar tan fácilmente el asunto diciendo que la corrupción es culpa solo de los funcionarios públicos de abajo, o de los representantes de nuestra fuerza armada y policial. Hay un proverbio muy sabio que dice que “la culpa no es del ciego, sino de quien le da el garrote”, y ese proverbio apunta en este caso a niveles precisamente superiores. No se puede predicar si no es con el ejemplo. En Venezuela hemos llegado al extremo de que hasta al perro hay que sobornarlo para que no te ladre. Eso no tiene nombre, y menos apellido.
El 12 de enero de 1824, Simón Bolívar, desde Lima, Perú, decretó la pena de muerte en el Tribunal Supremo de Justicia, en las Fuerzas Armadas, en sus equivalentes a la Guardia Nacional y policías, y en general para todos los funcionarios públicos que hubieran malversado o tomado para sí fondos de la nación. La medida la tomaba en grado extremo, para reducir los altísimos niveles de corrupción a los que se había llegado.
Y lo señalaba teniendo presente:
1.- Que una las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos;
2.- Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias, y he venido en decretar, y decreto:
Artículo 1ro. – “Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos hacia arriba, queda sujeto a la pena capital”.
En dos de los siguientes artículos, advertía asimismo a los jueces, reclamándoles una actitud proba, que si no cumplían con estricto apego a la ley y con honestidad, sufrirían la misma condena. Y señalaba:
Artículo 2do. – Los Jueces a quienes, según la ley compete este juicio (de castigar la corrupción), y que en su caso no procedieren conforme a este decreto, “serán condenados a la misma pena”.
En el 3ro, 4to y último artículo se ordena “fijar el texto del decreto en todas las oficinas de los puestos republicanos, con el fin de que se cumpla esa ley inmediatamente”.
El caso de Venezuela en estos días es grave. Tenemos una población y unos dirigentes que, desde hace tiempo, no solo ahora, entienden la corrupción como un modo de vida y hasta como un derecho, y que, en consecuencia, es parte del ejercicio público diario.
Nadie se alarma ya de la corrupción en Venezuela y parece que nadie entiende sus altísimas dimensiones de perjuicio social que genera. Más bien pareciera ser alimentada con los procederes de quienes manejan las arcas públicas, como si se tratara de un derecho de origen, de ciudadanía, como si de tener agua se tratara, por ejemplo.
Ya no reaccionamos ni siquiera ante lo más sencillo, ante lo más simple, cuando deberíamos actuar y exigir que quienes tengan que hacerlo, lo hagan. No estamos sugiriendo que se aplique lo que decretó Bolívar, pero algo hay que hacer. El castigo siempre deberá ser la forma de reaccionar ante algo mal hecho.
Vaya hoy a una Notaría Pública y encontrará una cola inmensa e inmisericorde, y le devolverán un documento veinte veces porque tiene una coma mal puesta. Usted va, lo corrige, o cree que lo corrigió, y se lo devuelven otra vez porque tiene una coma mal puesta. Usted no encuentra qué hacer porque es válido: una coma mal puesta puede alterar el contenido de su escrito y causarle a usted un daño casi tan irreparable como el de la corrupción. Pero si paga la vacuna en dólares americanos, porque no reciben bolívares, las comas mal puestas desaparecen. Esto se ve diariamente en muchas instancias. ¿Y pasa algo? No, no pasa nada.
Esto sucede igual en los registros tanto mercantiles como inmobiliarios. El gobierno, con ese nuevo sistema que creó por medio del cual unificó al SAREN y le quitó ese beneficio libre que tenían estos entes públicos de generar sus mismos recursos para mantenerse, para pasar a mantenerlos el Estado, contribuyó con otra carga más a las rentas, como si no tuviera suficientes, y agregó un problema a los ya sobrecargados niveles de corrupción que tenemos.
Esto, en lugar de agilizar los trámites, lo que hace es retrasar. Vamos hacia atrás y no es porque el sistema SAREN sea malo, sino porque el personal que estaba acostumbrado a ganarse su buena remuneración prestando un servicio ya no lo tiene. Entonces tienen que buscar la forma de trancar las operaciones para poder obtenerla, una forma de compensar de una u otra manera lo que se ganaba antes. Y nosotros, el público, los ciudadanos comunes, por no esperar un año para firmar un documento, terminamos cayendo en la trampa gravísima de la corrupción.
Y muchos caemos debido a que, como necesitamos con urgencia la firma del documento, pagamos. Y el problema es que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo enfrenta, y cuando desde las mismas alturas del poder miran hacia abajo, entonces ponen la carga de la prueba en el ciudadano: «Denúncielo porque si no, no podemos hacer nada», como si no fuera suficiente saber que esos mecanismos de perversión existen y que es deber del Estado combatirlos.
No nos imaginamos que Bolívar, enterado de los perversos niveles de corrupción al que se había hundido la República, hubiera puesto a la gente a hacer justicia por su cuenta. ¡Lo hizo él! Pero en el país de nuestros días, hacerse la vista gorda es la norma, lo cual se constituye en una forma de avalar la impudicia y la inmoralidad.
Antes existía la competencia entre los diversos entes. Ahora no, los empleados tienen un sueldo, son empleados del Estado y ya no trabajan como antes. ¿La razón? Pues muy clara: son empleados del Estado y no ganan lo que ganaban antes, argumentan en muchos casos con un desparpajo total. ¿Entonces qué hacen ahora? Ponen a los usuarios a tener que hacer colas interminables o sólo reparten un número de tiques, para bachaqueros inclusive, que también haciendo su trabajo, revenden luego los puestos.
Todo es una maraña de corrupción porque atienden solo a un determinado número de personas ¿Y eso para qué? Pues muy claro, para generar caos y tener que hacer desesperar a los usuarios, para que caigan en sus redes y así poder suplir, dicen, lo que ganaban antes. Y nosotros, desde esta tribuna, nos preguntamos: ¿Es culpa nuestra? ¿Es del Estado, o del ministerio, o del ministro que no sabe dirigir a su personal? ¿O es una de esas tantas formas que tiene el gobierno para mantener una abultada nómina de un funcionariado que gana mal pero que sigue votando por ellos porque al final los dejan que hagan lo que quieran? ¿Es una forma de agrupar y controlar a los empleados con fines políticos? ¿Y nosotros, los ciudadanos? ¿Tenemos que pagar por eso? No, pues no, ya basta, tenemos que cambiar, pero para cambiar se necesita hacer muchas cosas, con voluntad de crecer, de sentir nuestra patria.
Los bachaqueros, los policías, la guardia, los fiscales, los jueces, los registradores o los notarios frecuentemente mencionados en todo esto terminan por formar parte de esta especie de festín de Baltazar, cuya característica principal es, igual que ayer como hoy, que en ninguno de los dos casos hay control, ninguno.
No alcanzaríamos a escribirlo todo en este medio de comunicación, pero debemos empezar por algo, por nosotros mismos. Tenemos que corregir.
Un ejemplo sencillo: si no queremos que nos matraqueen, o sencillamente ayudar a combatir el flagelo de la corrupción y no tener que sobornar a un fiscal de tránsito, a un guardia nacional de carretera o a un policía nacional, estadal o municipal, debemos tener todo en regla, desde un simple bombillo quemado de las luces de los frenos hasta la póliza de seguros del vehículo. Tenemos que pagar los trimestres, los impuestos, entre otros. Si tenemos todo en regla, difícilmente nos podrán matraquear; aunque con las notarías y registros la cosa es distinta, más compleja. El gobierno debería dejar que las actuaciones notariales, registrales y tribunalicias sean de libre ejercicio y competencia, como funciona en todas partes del mundo. Los únicos que serían sujetos de remoción del ministerio serían los notarios, registradores y jueces, respetando por supuesto su independencia y su institucionalidad.
Es difícil decirse bolivariano si no se actúa en consecuencia con las enseñanzas de Bolívar, y lamentablemente con este gobierno dizque bolivariano se han acrecentado más los hechos de corrupción a todo nivel, y ni hablar de las fuerzas armadas y policiales. ¡Un total desastre!
Una forma de combatir la corrupción es concentrarnos en recuperar la educación de los valores perdidos, la integridad, sin mayores aspiraciones que la de moldear a una ciudadana o a un ciudadano decente, al que hagamos sentir que forma parte integral de un proceso de transformación para el desarrollo del país. Que sienta que pertenece a una comunidad de valores. Y que respete, no como los chavistas/maduristas, que en mi opinión, repito, todos son ladrones, por complicidad u omisión…
Victor Julio Escalona
Vierne5
